El presidente de la Coordinadora Nacional Anticorrupción del Perú, Enrique Bernal Solano, advirtió que el departamento de Piura se ubica en el primer lugar a nivel nacional en temas de corrupción.
Caso más emblemático es el de la carretera Km. 21, en donde se denunció millonaria sobrevaloración.
“El mayor número de quejas esta en Piura, todo está en investigación y ningún fiscal ha dicho ‘es tiempo de sacar una acusación fiscal‘. Nosotros hemos presentado más de 35 casos, pero un informe de la Contraloría General de la República (CGR) demuestra que hay más”, apuntó.
Cabe destacar que hace unas semanas este organismo fiscalizador advirtió un perjuicio económico superior a los 21 millones de nuevos soles en diferentes entidades públicas del departamento.
EN LA MIRA. Enrique Bernal precisó que el caso más emblemático de corrupción en Piura es el de la obra de la carretera Tambogrande km. 21 de la vía Piura - Chulucanas, por una supuesta millonaria sobrevaloración de su presupuesto.
En ese sentido, explicó que el proyecto comenzó con un monto de 52 millones de soles, pero la gestión del expresidente regional, César Trelles Lara, la subió a 62 millones. Luego, el gobierno del actual mandatario regional, Javier Atkins Lerggios, la terminó en casi 90 millones.
“Es una obra que no se ha terminado de ejecutar de acuerdo a las condiciones técnicas y se ha duplicado su inversión presupuestada. Al expresidente regional, Trelles Lara, por aumentarlo el fiscal está pidiendo 9 años de prisión”, expresó.
Vale señalar que la CGR se encuentra realizando una auditoría a esta obra. Una vez culminada, los hallazgos serían alcanzados al Ministerio Público para que se incluyan en la investigación que se tiene en curso.
Aunque aún no se termina la acción de control, se ha advertido un posible perjuicio económico de 2 millones de nuevos soles y presunta responsabilidad de nueve funcionarios y servidores del gobierno regional.
“El caso se denunció desde el 2011, ya está para acusación fiscal, estamos a la espera. Y estamos solicitando que se lleve a cabo una auditoría de un tercero, porque las auditorías de la Contraloría no tiene el 100% de validez
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